REALIDAD DE LAS VIVIENDAS ALQUILER RÉGIMEN ESPECIAL

Esta es la realidad que no nos cuentan de las viviendas de alquiler en régimen especial:

La familia que denunció la creación de un gueto en Berriozar recurre a los tribunales

Pedirá al gobierno 90.578 euros por daños y perjuicios

El matrimonio denuncia que ha recibido amenazas, insultos y agresiones de sus vecinos de un bloque de Vinsa



De izda a dcha, el abogado Javier Miró, Ana Lestado y José María Jiménez.Foto: iban aguinaga

pamplona. La familia que durante tres años residió en el número 10 de la calle Oianondoa de Berriozar y que se vio obligada a abandonar el inmueble tras recibir insultos, amenazas y agresiones por parte de sus vecinos ha decidido recurrir vía judicial la decisión del Gobierno de Navarra que inadmitió la reclamación al entender que "no existe nexo causal entre los supuestos daños y la actuación de la Administración", pese a que la vivienda es propiedad de Vinsa, sociedad pública adscrita esta consejería. El matrimonio, formado por José María Jiménez y Ana Lestado, tienen previsto interponer este mismo lunes un recurso contencioso administrativo contra el departamento de Vivienda por el que reclamarán 90.578,39 euros por los daños y perjuicios físicos, psicológicos y patrimoniales sufridos.

El abogado de la pareja, Javier Miró, explicó que la resolución del Ejecutivo de 27 de febrero de 2007 "inadmite la reclamación alegando que no es responsable y deriva la responsabilidad a Vinsa, que es una sociedad anónima que actúa en el ámbito privado y que, por tanto, se tiene que dirigir a ella de manera particular aún siendo una sociedad pública participada íntegramente por el Gobierno foral". El letrado dijo que su intención es interponer el recurso contra Vivienda: "Vamos a defender la vía contencioso-administrativa, pero si no iremos por la vía civil", y agregó que la resolución que en su día hizo el Defensor del Pueblo recomendaba al departamento, no a la empresa. En cuanto a la cuantía de la reclamación, Miró dijo que "están justificados los daños y perjuicios porque han tenido una serie de secuelas psicológicas, todas acreditadas en informes psiquiátricos y psicológicos, no es una cifra ni mucho menos caprichosa".

Los hechos se remontan al año 2000 cuando la familia, que tiene dos hijos, participó en una campaña de viviendas de alquiler especial, pero fue en agosto de 2002 cuando finalmente accedieron a un piso. "Al poco de estar viviendo empezamos a ver que no funcionaban las cosas como en cualquier otro sitio, se rompían objetos del inmueble, no se podía acceder a los garajes, que incluso se utilizaban para botellón, se robaban los coches del garaje, se le prendió fuego a una moto y pasamos a recibir insultos, amenazas e incluso agresiones", explicó Ana Lestado. Hechos que denunciaron y pusieron en conocimiento de Vinsa. "Vivíamos aterrados y mi marido llegó a perder el puesto de trabajo por una depresión por ansiedad", afirmó. En 2003 acudieron al Defensor del Pueblo, que recomendó al departamento actuar "con diligencia y eficacia para evitar que se produzcan problemas de convivencia entre los vecinos afectados, haciendo las comprobaciones necesarias y adoptando las decisiones que consideren más oportunas". En 2005 abandonaron el piso.

El abogado comentó que "el objeto mismo del contrato está viciado, no se cumple. Esta vivienda se otorgó con unas condiciones. Si en esta comunidad había un 25% de familias desestructuradas se tenía que haber avisado al resto de familias qué se iban a encontrar". "Creemos que el responsable de este problema es el departamento, no Vinsa", afirmó Jiménez, y apuntó que "no es la primera vez que ocurre" y que el Gobierno tenía conocimiento. Además, denunció el "trato prepotente, inhumano y degradante" que han sufrido. Finalmente, Lestado instó al Gobierno a cambiar de política. "Todos somos víctimas, no sólo nosotros , las otras personas también porque necesitan un apoyo y hacer una reinserción verdadera". >m.p.m.